El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) presentó el protocolo de protección de edificios de valor patrimonial en la ciudad de San Ignacio Guazú, donde se construye el primer sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales, que beneficiará a unos 18.000 usuarios en su etapa final.
La socialización del documento técnico se realizó el 17 de abril en el Centro San Luis, con la participación de representantes del clero, autoridades municipales y departamentales, y miembros de la Asociación Colectivo de Cultura de San Ignacio.
La presencia de referentes religiosos y culturales fue clave para validar este proceso, que busca equilibrar el desarrollo de infraestructura sanitaria con la preservación del legado histórico de la ciudad.
Resguardo del patrimonio
El protocolo será aplicado bajo supervisión de un arqueólogo y en coordinación con la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), en cumplimiento de la Ley N.º 5621/16 de Protección del Patrimonio Cultural. Entre sus disposiciones, establece que, ante el hallazgo de piezas históricas durante las excavaciones, las intervenciones deberán detenerse para permitir su rescate, evaluación y resguardo.
Estas medidas serán especialmente relevantes en zonas cercanas al Museo Diocesano de Arte Jesuítico, el templo parroquial San Ignacio de Loyola y la plaza San Roque González de Santacruz, donde el subsuelo podría albergar vestigios del período jesuítico.
Una ciudad con valor histórico
Ubicada a 224 kilómetros de Asunción, en el departamento de Misiones, San Ignacio Guazú es considerada la capital del Barroco Hispano-Guaraní. Fundada en 1609, fue la primera misión jesuítica del territorio y punto de partida de otras reducciones.
Este distrito forma parte de la Ruta Jesuítica, junto con Santísima Trinidad del Paraná y Jesús de Tavarangue, declaradas Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco. Además, su centro histórico fue reconocido como Patrimonio Cultural por la Ley N.º 5621/16.
Avances de la obra
Respecto a las obras en curso, ya se instalaron más de 12 kilómetros de tuberías, se construyeron 84 registros y se concretaron 758 conexiones domiciliarias. El sistema contempla 32 km de redes de alcantarillado, dos estaciones de bombeo y una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
La ejecución del proyecto sanitario está a cargo del consorcio Rovella-Tocsa, bajo supervisión de la Coordinación de Agua Potable, Saneamiento y Obras Hidráulicas (CAPSOH) del MOPC. La fiscalización corresponde al consorcio ELC-CYD, mientras que el gerenciamiento está a cargo del Grupo TYPSA.
Fecha: 22 de abril de 2026



